Concurso Internacional para elegir al director del IVAM
Miércoles 10 de junio de 2020
“La ley ni es la verdad ni es el bien”, señala Josep Ramoneda en ‘Después de la pasión política’. “La ley da un marco de objetividad… pero la sociedad abierta es mucho más que la ley, la cual no puede ser autoridad moral, ni convertirse en el límite de lo pensable”, añade. Valga este marco teórico para repensar lo que está sucediendo en el IVAM desde que el 20 de mayo se le comunicara a José Miguel Cortés, por parte de la Conselleria de Cultura, la intención de no renovar su contrato, que expiraba el próximo mes de septiembre. Existía la posibilidad de prorrogarlo, pero la Generalitat lo descartó alegando que la Ley del IVAM de 2018 impedía contratos como el que tenía Cortés, por reunir en una sola figura los cargos de director artístico y director gerente.
Hasta ahí, ningún problema: el propio director del IVAM se mostró en todo momento dispuesto a la revisión de ese contrato, tal y como ya le sucediera a Manuel Borja-Villel, cuando el Museo Reina Sofía cambió de estatuto y obligó a modificar su contrato como director para que se ajustara al nuevo reglamento. Sin embargo, un informe de Auditoría del verano de 2019 establece la necesidad de un nuevo contrato que obliga a la convocatoria de un concurso público, según marca la Ley del IVAM, y que ha desencadenado la polémica entre ambas partes. Cortés alude a un informe jurídico que nadie le ha presentado, en el que se demuestre esa obligatoriedad, mientras la Conselleria insiste en su escrupuloso cumplimiento de la ley.
“Lo del informe jurídico se lo ha inventado él, disculpa que sea tan clara”, resalta Raquel Tamarit, secretaria autonómica de Cultura, quien añade: “Yo he estado presente en todas las reuniones y nunca, repito, nunca, se ha hablado de un informe jurídico. Él tenía firmado un contrato de seis años, prorrogable a otros seis, más otros seis, y según el Código de Buenas Prácticas tampoco puede ser así, porque son contratos por cinco años y, previa presentación de una actualización del proyecto tal cual está en las bases, cinco más. ¿Qué problema hay en que José Miguel Cortés se presente a un concurso público, con un jurado que es impecable, y que revalide con todas las garantías y sin poner en cuestión el nombre del IVAM?”. Y apostilla: “El conseller [Vicent Marzà] y yo le pedimos que se presentase, porque pensamos que puede seguir haciéndolo muy bien”.
A pesar de reconocer la Conselleria de Cultura la excelente labor de José Miguel Cortés al frente del IVAM durante estos últimos seis años, su trabajo ha quedado en un segundo plano, imponiéndose los razonamientos legales por encima de consideraciones artísticas y baremos profesionales, dada la imposibilidad que, según la Administración, existe de plantear un nuevo contrato sin que tenga que pasar por concurso, cuya convocatoria nace así en medio de la polémica.
Según la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) y el propio Consejo Asesor del IVAM, que dimitió en bloque, la Conselleria de Cultura ha incumplido el Código de Buenas Prácticas. Por un lado, dicen, porque, tras reconocerse públicamente el buen trabajo realizado por Cortés, no se ha procedido a su renovación, tal y como recomienda el citado documento. Y, por otro, porque la Conselleria no ha respetado las competencias del Consejo Rector, cuyas atribuciones consideran que han quedado en entredicho, principalmente en lo que respecta a los vocales que figuran como expertos de arte en dicho órgano, como después se pudo comprobar.
En un comunicado firmado por dichos vocales (Lola Bañón, Vicente Benet, Román de la Calle, Rosa Castells, José Luis Cueto, José Pedro Martínez, Ester Pegueroles y Tatiana Santemans), tras la reunión mantenida el pasado 5 de junio, lamentan la “precipitación” con la que se ha abordado el asunto de la no renovación del contrato de José Miguel Cortés y la posterior decisión de sacar a concurso la dirección del IVAM. “Nuestra valoración en ese momento”, dicen, “fue que se había perdido una oportunidad para llevar a cabo un proceso dialogado y participativo que hubiera ofrecido a la sociedad una visión más transparente y consensuada de la toma de decisiones”.
Cuatro de esos ocho vocales terminaron por abstenerse a la hora de aprobar el nuevo concurso, que fue ratificado por los miembros restantes del Consejo Rector, si bien Román de la Calle no pudo manifestar su voto al fallar la comunicación virtual a través de la cual asistía a la reunión. Una convocatoria a la que se llegaba sin que los vocales del Consejo hayan tenido la oportunidad de barajar otras opciones, puesto que el conseller de Cultura, Vicent Marzà, les comunicó su decisión unilateral apelando de nuevo a la Ley del IVAM e incluso trasladándoles el nombre de los miembros del jurado que deberán seleccionar al nuevo director.
Tamarit asegura que, tras comunicarle a Cortés la necesidad de convocar un nuevo concurso, al que insiste estaban obligados por ley, “acto seguido se habla con los miembros del Consejo Rector y se les indica lo hablado con Cortés y que habíamos pensado que en la comisión de valoración [jurado] estuvieran estas cuatro personas [Manuel Borja-Villel, Vicent Todolí, Iwona Blazwick y Bernard Blistène]. En cualquier órgano alguien lleva una propuesta, esta se debate y se perfila. Y las bases se llevan al Consejo Rector porque creemos que así debe hacerse”.
“La comunicación de esta decisión a los vocales designados del Consell Rector se produjo mediante llamada telefónica del propio Conseller el día 20 de mayo de 2020, invitándonos a aportar sugerencias a las bases que se encontraban en fase de redacción durante los siguientes días”, apuntan los ocho vocales en su comunicado. Invitación, por tanto, que nada tiene que ver con las competencias del Consejo que le atribuye la ley en tanto “órgano superior de gobierno del IVAM”, al que le corresponden, “con carácter general, las facultades de dirección, control y supervisión de éste”.
Además, corresponde al Consejo Rector, según consta en el artículo 6 de la Ley del IVAM de 2018, “informar favorablemente sobre la norma de organización y funcionamiento del IVAM, que aprobará el Consell, así como sobre la aprobación o el desarrollo de la organización interna de la entidad, conforme a lo dispuesto en esta norma organizativa”, entre otras cuestiones. La decisión de no renovar el contrato de Cortés se transmitió vía telefónica, sin convocatoria por escrito y, por tanto, sin el correspondiente orden del día “junto a la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible”, estableciendo asimismo “las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión”, tal y como se recoge en el apartado 3 del artículo 7 de la mencionada ley.
La reunión del pasado 5 de junio, celebrada para acordar la aprobación del concurso, se estableció siguiendo esos parámetros, cosa que no sucedió con respecto a la decisión de no renovar a Cortés, que se le hizo llegar al Consejo Rector vía telefónica y sin que hubiera constancia del informe jurídico que justificaba dicha decisión.
“Nunca se ha hablado de que hubiera un informe jurídico, lo que sí hay es un informe de Auditoría que es público y que se llevó al Consejo Rector para dar cuenta, como es la obligación. Ese informe de Auditoría, que firma la Intervención de la Generalitat, hace referencia a eso. Nunca se habló de un informe jurídico adicional. En Administración me dicen que en la Ley del IVAM nuevo contrato significa nuevo concurso y eso es lo que hacemos”, remacha Tamarit, molesta con ciertas informaciones que acusan a la Conselleria “de amañar algo” con respecto al concurso, cuando “políticos en esa comisión de valoración vamos a estar dos de ocho y porque lo dice el Código de Buenas Prácticas”.
Tamarit reconoce que algo no se ha hecho del todo bien, cuando la ADACE, el Consejo Asesor y una parte muy significativa del Consejo Rector, además del propio Cortés y otras asociaciones, han manifestado con mayor o menor rotundidad sus discrepancias. “Yo siempre digo que las cosas se pueden hacer mejor”, remarca. Entre ellas, qué duda cabe, la de no haber sabido despejar las dudas que ligan esas lagunas en la transparencia con la injerencia política. Tiempo habrá de despejarlas. O no.
Salva Torres
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